La semana dejó al sector apretado entre una decisión política y una financiera que apuntan en sentidos opuestos. El 18 de septiembre, Washington dio un doble golpe al programa de visados que sostiene el modelo de servicios deslocalizados: prorrogó doce meses la tasa de 100.000 dólares por petición y firmó una orden que obliga a comprobar si quien patrocina un visado ha despedido antes a trabajadores estadounidenses comparables. Tres días antes, sin embargo, el mercado había hecho lo contrario: premiar al sector con la mayor subida en meses, y no por méritos propios, sino porque los laboratorios de inteligencia artificial pidieron frenar su propio ritmo. En medio, el movimiento que mejor define hacia dónde va el negocio: Accenture y Anthropic pusieron dos mil millones de dólares sobre la mesa para meter evaluadores de seguridad dentro de un laboratorio de modelos. Y en España, el ajuste llegó a las filiales tecnológicas de un banco que gana casi nueve mil millones, mientras el Gobierno publicaba el decreto que decidirá qué inversiones —centros de datos incluidos— se enchufan antes a la red eléctrica.
🛂 Washington aprieta otra vuelta, y esta vez mira los despidos
El 18 de septiembre cayeron dos medidas en la misma jornada. La Casa Blanca prorrogó doce meses, hasta el 21 de septiembre de 2027, la proclamación que exige 100.000 dólares por determinadas peticiones H-1B de beneficiarios que están fuera de Estados Unidos. No afecta a renovaciones ni a quienes ya residen en el país, y sigue con dos procedimientos judiciales abiertos —sobre la legalidad de la tasa y una demanda de la Cámara de Comercio—, después de que un juez federal de Massachusetts anulara la orden original en junio y el caso pasara a apelación. Lo que se prorroga no es una tasa cualquiera: más del 70% de los beneficiarios de ese visado son indios.
La segunda medida es más fina y más peligrosa para el sector. La orden ejecutiva «Enhancing Program Integrity and Interagency Coordination in the Administration of the H-1B Nonimmigrant Visa Program» obliga a los departamentos de Estado, Trabajo y Seguridad Nacional a valorar, antes de aprobar una petición, si el empleador patrocinador ha despedido —directa o indirectamente— a trabajadores estadounidenses comparables durante el año anterior o planea hacerlo. La división de salarios y horas del Departamento de Trabajo tiene 30 días para revisar los datos de las solicitudes de condición laboral ya presentadas. Dicho sin rodeos: ata el visado al historial de despidos de la propia compañía, y eso apunta directamente a las empresas de staffing y de externalización tecnológica, que son precisamente las que combinan plantilla desplazada con reestructuraciones periódicas.
Conviene medir el acumulado. En quince días, el sector ha encajado la congelación del canal de residencia permanente de una de las grandes, la entrada en vigor de las tasas de prórroga de 4.000 y 4.500 dólares, la prórroga de la tasa de 100.000 y ahora un filtro que cruza visados con expedientes de regulación de empleo. Ninguna de esas medidas prohíbe nada; todas encarecen o ralentizan lo mismo. Y ninguna de las patronales del sector publicó respuesta dentro de la semana.
📊 Análisis de mercado: el sector sube porque la IA frena
El movimiento bursátil de la semana no lo provocó ningún resultado ni ningún contrato. El índice Nifty IT subió más del 5% en la apertura del 15 de septiembre —alrededor de 1,2 lakh crore de rupias de capitalización añadida, con TCS, Infosys, HCLTech, Tech Mahindra y Wipro al alza— después de que los responsables de Anthropic y OpenAI pidieran moderar el ritmo de desarrollo de la frontera. La tesis que circuló entre analistas es que un ciclo de IA más pausado daría a los clientes más visibilidad para planificar y reactivaría el gasto en implantación, nube y ciberseguridad. Es un dato incómodo de leer: la valoración del sector de servicios depende hoy menos de lo que firma que de la velocidad a la que avanza la tecnología que amenaza su modelo.
Con esa euforia convivió un aviso desde el lado occidental. Wells Fargo rebajó Accenture de «sobreponderar» a «neutral» el 14 de septiembre por vientos macroeconómicos en contra que dificultarían acelerar el crecimiento orgánico en el ejercicio 2027; mantuvo el precio objetivo en 194 dólares, consideró alcanzable el consenso del cuarto trimestre pero sin margen de sorpresa, y avisó de que el punto medio de la guía de 2027 podría quedar por debajo de lo que descuenta el mercado. La acción acumulaba un 15% de ventaja sobre el S&P 500 desde los resultados del tercer trimestre. Los números llegan el 1 de octubre.
El marco de gasto, mientras tanto, sigue creciendo a un ritmo que ninguna consultora había visto. Gartner elevó su previsión de gasto mundial en inteligencia artificial para 2026 a 2,7 billones de dólares, un 49,5% más que el año anterior, con 1,48 billones en infraestructura y 576.481 millones en servicios —el segmento que toca directamente al negocio de consultoría—, y proyecta 3,637 billones para 2027. La pregunta para cualquier integradora es qué parte de esos 576.000 millones acaba en tarifa-hora y qué parte se la come la propia infraestructura.
🤖 IA y automatización en consultoría: la seguridad se convierte en factura
El contrato más significativo de la semana no fue una transformación digital ni una migración: fue una auditoría. Anthropic incorporó a Accenture como su primer evaluador de seguridad empotrado —un equipo alojado dentro del propio laboratorio que hará red-teaming, evaluaciones de alineamiento y pruebas de salvaguardas—, con cada parte comprometiendo al menos 1.000 millones de dólares en cinco años, 2.000 millones agregados. Accenture aporta la capacidad técnica que compró con Faculty, el acuerdo no es exclusivo y Anthropic anunció que sumará más socios evaluadores en las próximas semanas. Para el sector, es la aparición de una línea de negocio que no existía: verificar modelos ajenos por cuenta de quien los fabrica, con precio público de referencia y con el regulador californiano a punto de convertir esa verificación en requisito.
El resto de movimientos apunta al mismo sitio por caminos más convencionales. Cognizant celebró con OpenAI un hackathon de Codex en América con más de 2.600 empleados participantes —el 40% de carrera temprana— repartidos entre Canadá, México, Estados Unidos, Brasil y Argentina, dentro de un objetivo de 15.000 profesionales certificados en modelos frontera y de su compromiso de contratar 1.500 licenciados estadounidenses; ya lleva más de 10.500 certificaciones emitidas. No es una unidad conjunta ni una coinversión, pero sí la misma apuesta: convertir el acceso privilegiado a un laboratorio en capacidad facturable.
Y en el terreno del producto vertical, Wipro lanzó junto a Aramco y SAP la solución STO360 para gestionar paradas, grandes revisiones e interrupciones en industrias intensivas en activos —petróleo y gas, química, minería, manufactura y utilities—, construida sobre SAP Business Technology Platform, con estatus de aplicación avalada por SAP y disponibilidad en su tienda; Aramco participó en el desarrollo y la desplegará internamente. No se publicaron términos económicos, un detalle que se repite en casi todos los anuncios de producto de la semana.
🤝 Fusiones y alianzas: una opa que llega a puerto y una retirada federal
La operación pendiente desde el verano se resolvió, aunque a medias. Persistent Systems comunicó el 18 de septiembre que el umbral mínimo de aceptación —el 50% más una acción— quedó cumplido al expirar el periodo de la oferta sobre Nagarro el 17 de septiembre, a 81,00 euros por acción. Ni Persistent ni Nagarro han publicado el porcentaje exacto de aceptación. Queda un periodo adicional del 23 de septiembre al 6 de octubre y faltan las autorizaciones de competencia, los controles de inversión extranjera en varias jurisdicciones y el visto bueno del Banco de la Reserva de la India; el cierre se espera entre el cuarto trimestre de 2026 y el primero de 2027. Que no se publique el nivel de aceptación en una opa que ya ha superado su umbral es, en sí mismo, información: sugiere un margen estrecho.
En dirección contraria se movió una de las europeas. Capgemini vendió su filial federal estadounidense —Capgemini Government Solutions— a ITC Federal, que la convierte en una nueva unidad de soluciones digitales con capacidades de Salesforce, ServiceNow, modernización de nube y analítica para clientes de Defensa, Seguridad Nacional y Justicia. El precio no se ha hecho público; la filial aportaba el 0,4% de los ingresos globales del grupo en 2025 y menos del 2% de su mezcla de ventas en Estados Unidos, y el cierre se espera en las próximas semanas. Es una salida ordenada de un mercado donde no tenía escala, justo cuando el comprador público estadounidense endurece sus criterios con los proveedores extranjeros.
La consolidación siguió en formatos más pequeños y en tres geografías. La danesa Implement Consulting Group compró la consultora interna de thyssenkrupp —unos 70 consultores que han apoyado más de 400 proyectos en diecisiete años— para reforzar Alemania, su mayor mercado fuera de los países nórdicos, con cierre previsto el 30 de septiembre y sin términos económicos revelados. En España, la jiennense INNOVASUR tomó una participación en la granadina Cívica para reforzar inteligencia de datos e inteligencia artificial manteniendo ambas marcas: el conjunto suma cerca de 800 profesionales y 56 millones de euros de facturación de 2025, sin que se publicaran ni el importe ni el porcentaje de la operación. Y la española GTD vendió su división de sistemas críticos para espacio, defensa e infraestructuras al fondo francés Latour Capital, que la rebautiza como Celeres, también sin importe comunicado. Tres operaciones, cero cifras de precio: el sector está consolidándose con el importe fuera de la nota de prensa.
El crecimiento inorgánico también tiene quien lo declare en voz alta. El grupo italiano Var Group cifró en 25 millones de euros su facturación en España y Andorra, un 15% más —22 millones en España y 3 en Andorra—, y fijó un objetivo de 60 millones y más de 500 profesionales para el bienio 2026-2027 con tres adquisiciones adicionales, tras integrar ocho compañías en la península desde 2024. Son cifras facilitadas por la compañía, sin auditar.
📋 Contratos y adjudicaciones: el comprador público paga la semana
Como viene siendo costumbre, el dinero firmado con fecha y número salió de administraciones. En Reino Unido, la agencia tributaria HMRC adjudicó a Credera un contrato de 100 millones de libras hasta 2031 para desarrollar y operar su plataforma Data Lakehouse, nativa en AWS y con servicio 24/7 desde un centro de entrega en territorio británico, dentro del programa de transformación de su almacén de datos. En Estados Unidos, Kyndryl se adjudicó un contrato marco NASPO ValuePoint a diez años que abre a agencias estatales, universidades, condados y municipios de los cincuenta estados la contratación simplificada de sus servicios de nube, software y modernización, incluida la de mainframe y sistemas heredados de impuestos y licencias; el importe no se ha revelado. Y en banca india, Axis Bank adjudicó a Cognizant un contrato de gestión de aplicaciones a cinco años que cubre siete áreas de negocio, desde la red de oficinas hasta las plataformas de datos, también sin valor publicado.
En España, la Comunidad de Madrid firmó dos de los contratos más visibles de la semana en su Consejo de Gobierno del 16 de septiembre. El sistema tecnológico que dará soporte a las elecciones autonómicas de 2027 —captura, procesamiento y difusión de datos electorales— fue para Indra Soluciones Tecnologías de la Información por 3.550.029,83 euros con IVA, con ejecución hasta el 31 de julio de 2027. Y el servicio integral del Centro de Control de Infraestructuras Críticas de Madrid Digital fue a parar a Kyndryl España por 8.519.900,40 euros con IVA a 36 meses, por procedimiento negociado sin publicidad. La administración central también movió ficha en dos frentes sensibles: el Estado Mayor de la Defensa formalizó con Telefónica Soluciones las asistencias técnicas de apoyo a su centro de ciberdefensa 5G por 6.630.847,59 euros, con una única oferta presentada, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria adjudicó a ATECH Advanced Solutions la implantación de su sistema de información económico-financiera y logística por 3.791.515,00 euros, con cuatro ofertas en el lote principal. Un contrato con oferta única en ciberdefensa militar y otro con cuatro en sanidad: la competencia por el pliego varía mucho según lo que haya que acreditar.
Donde más dinero se movió, sin embargo, fue en Cataluña, y de forma concentrada. El instituto de informática del Ayuntamiento de Barcelona resolvió tres expedientes en 48 horas: las licencias y el mantenimiento de SAP en modalidad Enterprise Support fueron para VANTURE ESS por 5.342.843,51 euros sin IVA, con tres ofertas y vigencia hasta diciembre de 2027; el mantenimiento y la evolución del sistema de expediente electrónico de contratación municipal fueron para NTT Data Spain por 1.153.685,97 euros, con solo dos ofertas presentadas sobre un valor estimado de 2,54 millones; y el suministro de licencias de Salesforce se lo llevó Indra por 1.013.571,29 euros, el lote más disputado de la tanda con seis ofertas. En la Generalitat, Infraestructures de Catalunya adjudicó a Accenture la migración de su SAP ECC 6.0 a S/4HANA en nube privada bajo RISE with SAP por 1.483.280,00 euros, con cuatro ofertas, y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña repartió 2.757.480,00 euros entre PwC —dos lotes, por 1.111.281,60 y 848.760,00 euros— y EY —797.438,40 euros— para asesorar en ciberseguridad a los centros de la red sanitaria pública catalana. Es la foto de un mercado donde el gasto crece pero la concurrencia no: entre uno y seis licitadores según el expediente, y varios contratos millonarios resueltos con una sola oferta encima de la mesa.
💼 Empleo y talento: el recorte llega con beneficio récord
El patrón de la semana es el mismo en tres países: se ajusta plantilla con las cuentas en positivo. KPMG en Reino Unido recortó otros 200 puestos, alrededor del 4% de su negocio de asesoría, concentrados en datos y tecnología e incluyendo equipos de inteligencia artificial y ciberseguridad, con salidas previstas en octubre. Llega seis meses después de una ronda de unos 600 despidos y con la firma habiendo elevado un 14% el beneficio antes de impuestos, hasta 576 millones de libras, y un 11% el beneficio medio por socio, hasta 880.000 libras. La justificación oficial —redimensionar capacidad por la evolución del mercado y la baja rotación— describe bien el problema: cuando nadie se va por su cuenta, el ajuste se hace por la vía formal.
En España el caso es de mayor calado. Banco Santander comunicó a los sindicatos su intención de abrir un expediente de regulación de empleo en Santander Digital Services y Gravity, sus filiales tecnológicas, por motivos organizativos y tras completar el despliegue de sus plataformas globales salvo en Brasil. El perímetro de esas dos sociedades supera los 6.000 empleados —esa cifra es plantilla, no despidos: el banco todavía no ha trasladado la dimensión del recorte—, y el grupo ganó cerca de 9.000 millones de euros hasta junio, un 31% más. En julio ya habían salido unos 5.000 mayores de 55 años por prejubilaciones. Es el ajuste de la fábrica tecnológica de un banco que acaba de terminar de construirla.
Donde el expediente ya estaba abierto, se cerró con mejora. CCOO firmó un acuerdo en Globant España que reduce un 13% la afectación inicial —de 172 a 150 despidos— y fija indemnizaciones de 35 días por año trabajado con tope de 24 mensualidades, por encima del marco legal de 20 días y 12 mensualidades, más una prima de 5.000 euros por salida voluntaria y seis meses de seguro médico ampliables a 24 en caso de enfermedad grave. Las asambleas de Málaga, Madrid, Barcelona y Logroño lo ratificaron con el 98% de apoyo.
Al mismo tiempo, y esto matiza el relato de la destrucción de empleo técnico, las grandes siguieron construyendo metros cuadrados y compromisos de contratación. Infosys inauguró un segundo bloque de desarrollo de 330.000 pies cuadrados en su centro de Indore, que ya emplea a más de 3.300 personas, con foco declarado en nube, desarrollo de aplicaciones, IA y ciberseguridad, y TCS abrió en Londres un estudio de ingeniería creativa ligado a experiencias de cliente con IA, reiterando su compromiso de crear 5.000 puestos en Reino Unido e Irlanda en tres años. En el mercado español, el informe de empleo informático de Tecnoempleo registraba 3.022 ofertas activas y más de 766.000 profesionales inscritos, con Java al frente de la demanda (1.336 ofertas), seguido de Python (1.131) y SQL (934), y salarios que van de los 47.800-55.700 euros de un arquitecto TIC a los 31.700-38.900 de un desarrollador web; el 96% de las ofertas son de contrato indefinido. Conviene leer esas cifras como una foto: la página se actualiza de forma continua en la misma dirección.
☁️ Soberanía, cumplimiento y el coste de los expedientes
La soberanía digital dejó de ser argumento de marketing para convertirse en certificación con requisitos. Atos obtuvo la designación de SAP Sovereign Cloud Partner para cargas críticas de SAP en sectores regulados —sector público y financiero— inicialmente en Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, con más países en validación, apoyándose en su red de centros de datos propios; la compañía declara unos 52.000 empleados, más de 4.500 clientes y alrededor de 7.200 millones de euros de ingresos anuales. Es exactamente el tipo de credencial que empieza a decidir pliegos europeos.
En la misma línea, Sopra Steria y Dynatrace lanzaron un polo europeo dedicado a observabilidad y AIOps, con arranque en Francia y Noruega y objetivo en banca, seguros, telecomunicaciones, retail y sector público, apoyado comercialmente en las exigencias de las normativas DORA y NIS2; no se publicaron importes ni número de personas asignadas. La regulación de resiliencia operativa está generando demanda antes incluso de que venzan sus plazos.
Y el cumplimiento tuvo también su factura. Accenture acordó pagar 25 millones de dólares —sanciones civiles más intereses del 4% anual— para cerrar las alegaciones del Departamento de Justicia estadounidense de haber tenido en cuenta raza y sexo en decisiones de contratación y promoción dentro de contratos federales, en hechos referidos al periodo que arranca en 2017. La compañía niega haber discriminado y el acuerdo no implica admisión de responsabilidad. Es el tercer pacto de este tipo con una gran consultora, tras los 21,5 millones de Deloitte en agosto y los 17 millones de IBM en abril. Tres firmas, tres acuerdos, un patrón: operar para el Gobierno federal estadounidense tiene desde este año un coste de conformidad que antes no se presupuestaba.
🇪🇸 España: el decreto que decide quién se enchufa
La norma de la semana no lleva la palabra «tecnología» en el título, pero reparte lo que hoy es el recurso escaso. El Real Decreto 731/2026, de 16 de septiembre, publicado en el BOE del 17 y en vigor desde el 18, crea el Comité de Inversiones Estratégicas y fija un procedimiento en dos fases —un mes para la declaración previa y hasta tres meses para la definitiva— para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma menciona expresamente los centros de procesamiento de datos entre los proyectos de alto consumo energético y los semiconductores entre los sectores prioritarios, y vincula la declaración al acceso prioritario a la red de transporte eléctrico. No fija umbral cuantitativo: exige un volumen «relevante en términos nacionales» y empleo altamente cualificado, con exenciones para tecnologías críticas de seguridad económica europea que acrediten inversión significativa en personal de I+D. En un país que ya ha concedido más derechos de acceso a red de los que su propio plan contemplaba, decidir quién entra antes en la cola es la política industrial de verdad.
Llega justo cuando dos patronales se han puesto enfrente del otro decreto, el de sostenibilidad de centros de datos. SpainDC denunció un «veto al sector» y puso en duda el encaje jurídico de la norma: cifra en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta proyectada hasta 2030 y sostiene que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión potencial queda en riesgo, con recargos de entre el 300% y el 500% en determinados peajes y solo seis meses de adaptación para proyectos en curso; son estimaciones de parte interesada, no datos oficiales. APECDATA, la otra asociación del sector, presentó alegaciones distintas: pide elevar de 1 MW a 5 MW el umbral de potencia sujeto a obligaciones, computar la energía no fósil por horas equivalentes anuales en vez de hora a hora, y clarificar el régimen sancionador. Dos patronales, dos estrategias: una impugna el marco, la otra negocia el detalle técnico.
En el tejido empresarial hubo movimientos de signo contrario. Ezentis volvió a beneficios en el primer semestre con 26,1 millones de euros de ingresos (+85%), un ebitda de 1,8 millones (+137%) y un resultado neto de 3,0 millones frente a los −0,7 del año anterior, con la deuda financiera neta reducida un 70% hasta 2,0 millones y una cartera de 36,6 millones; conviene anotar que el resultado incorpora 2,6 millones de reconocimiento de créditos fiscales y que la compañía apunta a superar los 160 millones de ingresos en 2028. Izertis cerró su cuarta emisión de pagarés del año en el MARF —27 valores, desembolso el 15 de septiembre, vencimiento el 15 de diciembre y una TIR del 3,803%— dentro de un programa con 30 millones de saldo vivo máximo vigente hasta enero de 2027, y Babel fichó a Roberto Delgado como director de operaciones internacional para empujar su expansión fuera de España, donde declara un crecimiento orgánico superior al 20% en 2026, con México, Costa Rica y Colombia por encima de esa cifra; son datos de la propia compañía, sin auditar.
Y el movimiento estructural del mercado español lo firmó un proveedor, no un integrador. Anthropic abrió en Madrid su primera oficina en España —séptima sede europea, tras Londres, Dublín, París, Zúrich, Múnich y Milán— al frente de Cristina Pitarch, exdirectora de Google Cloud Security para EMEA, citando entre sus clientes españoles a BBVA, Santander, CaixaBank, Telefónica y Ferrovial, y una tasa de adopción de su modelo en España 2,7 veces superior a la esperada por tamaño de población. No publicó cifras de inversión ni de plantilla. Cuando el fabricante del modelo pone equipo comercial propio junto a los mayores clientes del país, la capa de intermediación de la que vive el integrador se estrecha un poco.
🔮 Lo que viene
El 1 de octubre, Accenture publica los resultados de su cuarto trimestre y del ejercicio completo, los primeros tras cerrarlo el 31 de agosto: es el termómetro real del gasto en consultoría y llega con una rebaja de recomendación recién puesta encima. Entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre corre el periodo adicional de aceptación de la oferta de Persistent sobre Nagarro, donde debería conocerse por fin el porcentaje de aceptación alcanzado. El Departamento de Trabajo estadounidense tiene 30 días desde el 18 de septiembre para revisar las solicitudes de condición laboral ya presentadas bajo el nuevo criterio de despidos previos, un plazo que vence a mediados de octubre y que dirá si el filtro es administrativo o disuasorio. En España, la negociación del expediente de Santander en sus filiales tecnológicas debe poner cifra a un recorte del que hoy solo se conoce el perímetro, y el Comité de Inversiones Estratégicas empezará a recibir solicitudes de declaración con los primeros centros de datos en la cola. Queda pendiente también ver si alguna patronal del sector deslocalizado responde formalmente a la acumulación de medidas migratorias, y qué hace Anthropic con la lista de socios evaluadores que prometió ampliar: si el contrato de Accenture se replica, la verificación de modelos deja de ser una anécdota y pasa a ser una práctica con nombre propio dentro de cada gran consultora. Indra presenta su plan estratégico el 25 de noviembre, con un objetivo declarado de 10.000 millones de ingresos en 2030.